Los puntos calientes de la LOMCE
Las reválidas, los itinerarios de los alumnos, el peso de la educación concertada o la asignatura de Religión, entre las claves de la reforma.
La última reforma educativa
comenzó su andadura el curso pasado. En 2014 se puso en marcha en los
cursos impares de Primaria y, a partir de septiembre, tiene que entrar
en los cursos pares (con la evaluación de los alumnos de sexto), en
primero y tercero de secundaria y en primero de bachillerato. Estas son
las cuestiones más polémicas de la ley educativa.
-Reválidas. La reforma prevé evaluaciones externas
comunes a todos los alumnos. En 2016 está prevista la de 6º de primaria.
En ESO y bachillerato serán reválidas
(si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando). Las pruebas
externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado externo a
los centros. El decreto que las regula está pendiente de aprobación. Las
comunidades gobernadas por el PP han propuesto que se deje en suspenso
la fecha para decreto de bachillerato y secundaria. Los socialistas
piden que se suspenda la aprobación del decreto completo y se comience a
debatir de nuevo.
-Religión y Ciudadanía. La nota en la asignatura de Religión
pesa para la media o para pedir una beca. Es optativa con Valores
Éticos en secundaria. Educación para la Ciudadanía sale del currículo de
la LOMCE, pero hay comunidades que la recuperan. Religión pesa para
nota y becas. Las comunidades autónomas eligen el tiempo de clase (una o
dos horas semanales). La Conferencia Episcopal ha mostrado su
“preocupación” porque hay comunidades han reducido la duración de las
clases. En bachillerato, la asignatura confesional se deje a la libre
disposición de las comunidades o del propio centro educativo, que puede
ofertarla como optativa, pero no está obligado a ello.
-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir
algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en
3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos
de matemáticas. En 4º, se separarán entre los que quieren estudiar
bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes.
- Concertada. "La libertad de enseñanza, que
reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de
educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios
constitucionales” es uno de los principios que rige la reforma. La frase
resume la esencia del conflicto que ha dividido la educación española
del último siglo: la escuela concebida como servicio público y común a
cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la
elección y las decisiones de los padres.
- Segregación por sexos. La normativa garantiza tras
su paso por el Senado el inmediato retorno de las ayudas a los centros
que perdieron la subvención pública por separar chicos y chicas. Varias
sentencias del Tribunal Supremo han retirado el concierto a colegios por
considerar que segregar es discriminatorio.
- El currículo. El Gobierno central fija los contenidos de las materias troncales
de primaria, secundaria y bachillerato (por ejemplo, Biología y
Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas;
Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas"
(Educación Física, Plástica, Música, entre otras), el Gobierno establece
objetivos y criterios de evaluación y las autonomías deciden el temario
concreto. Quedan las materias de libre configuración (entorno a un
10-15% del currículo), cuyo contenido depende exclusivamente de las
autonomías.
- El castellano y el catalán. La
norma prevé que se subvencione plaza en colegios privados con más clases
en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta
en la escuela pública o la concertada. El Ministerio de Educación
adelanta el dinero, pero son las comunidades autónomas las que deben
pagarlo. La medida, diseñada por el exministro José Ignacio Wert, se
puede aplicar en todas las comunidades, pero fue creada específicamente
para Cataluña. El ministerio reduce drásticamente en los presupuestos de
2016 la partida con la que se paga la escolarización en castellano para aquellas familias que no encuentren una oferta de este tipo en el sistema educativo público.
El proyecto de Presupuestos destina solo un millón de euros para pagar
esta enseñanza, frente a los cinco millones que se destinaron en el
último ejercicio. Es un 80% menos.
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